domingo, 20 de abril de 2008

El acceso y el derecho a la actividad física y el deporte

En lo que se refiere al deporte, los avances han sido de tal calado, que recordar situaciones anteriores puede llevarnos a escenarios que, como poco, pueden hacernos sonreír.

Javier Bernabé
Asesor Técnico Docente
Centro del Profesorado y de Recursos de Gijón

La joven democracia española ya no es tan joven. Treinta años de existencia han alimentado un sistema de convivencia que ha enriquecido, en términos globales, la calidad de vida de toda la ciudadanía española.
En lo que se refiere al deporte, los avances han sido de tal calado, que recordar situaciones anteriores puede llevarnos a escenarios que, como poco, pueden hacernos sonreír.
España era un país en el cual, la actividad física estaba mal vista y devaluada. Mal vista porque el esfuerzo físico es patrimonio de quién no tiene recursos. Si no hay coche, hay que andar, si no hay ascensor, hay que subir. De esta manera, un país que estaba en pleno desarrollo, se negaba a reconocerse en las penosas tareas físicas que se asociaban a la falta de progreso, y en consecuencia, el esfuerzo físico, se apartó de la vida cotidiana de la población.
Con la llegada de la democracia, la situación comenzó a cambiar; la actividad física pasó a tener rango de modernidad, de libertad y de progreso y los ayuntamientos democráticos comenzaron a organizar la oferta de actividades deportivas; primero creando los Patronatos o Fundaciones de deporte y respondiendo a las demandas de la ciudadanía, más tarde, ajustando la oferta deportiva a diferentes colectivos. Se puede decir, sin miedo a equivocarse, que el deporte fue una de las puertas de entrada a la participación ciudadana en los albores de la España democrática.
Esta participación de la ciudadanía, que empezó por ser una mera petición de actividades, pronto se extendió a otros ámbitos de la gestión deportiva, como la propuesta y organización de competiciones.
El modelo actual de oferta deportiva es variado según la tradición que cada institución ha ido desarrollando a lo largo de los últimos treinta años, y se puede convenir que la atención básica a la ciudadanía está bien apuntalada; no obstante existen aspectos en los que hay que profundizar y en los que merece la pena pararse a reflexionar.
Uno de ellos es el de considerar el deporte como una política social de amplio alcance. El deporte, la actividad física en general, conlleva en sí misma elementos lúdicos que la caracterizan y la definen. Esta cualidad de disfrute bastó para organizar la oferta deportiva hasta no hace mucho tiempo, apoyándose en la idea de que “el deporte tiene una función de compensación del estrés que supone el estilo de vida de esta sociedad”. Actualmente, las políticas de deporte han de enfocar sus esfuerzos hacia la extensión de la práctica de la actividad física, atendiendo a colectivos que, por razones culturales e históricas, han sido apartados o simplemente se les ha negado la práctica del deporte. Son las mujeres las que se hallan en esta situación y los poderes públicos han de articular fórmulas para que ellas se acerquen al deporte. Pero además, otros grupos sociales, como minorías étnicas y personas mayores precisan este tipo de atención.
El enfoque ha cambiado sustancialmente, ya no se puede gestionar el deporte bajo la única perspectiva de “que lo haga quién quiera”, más bien la idea que ha de manejarse es la de que el deporte y el acceso a su práctica es un derecho que la población ha de ejercer. Por otro lado, la sociedad, comienza a ser consciente de que “es mejor hacer deporte que no hacerlo”, y en este sentido, los poderes públicos han de tomar iniciativas para que el ejercicio de este derecho sea una realidad, para que el número de personas que hacen alguna actividad física sea significativamente mayor que ese 40% que confiesa hacer algún tipo de actividad. Por lo tanto, el esfuerzo ha de dirigirse en primer lugar hacia facilitar el acceso de los sectores de la población que aún no realizan actividad física alguna. En segundo lugar, los aspectos que propicien la inclusión social y aumenten la calidad de vida de la población han de ser motores de las acciones que se lleven a cabo. En estas direcciones, el derecho a la salud ha de vincularse a estilos de vida activos, en los cuales la actividad física esté incluida, y por último las propuestas adecuadas a cada grupo de edad, teniendo en cuenta sus peculiaridades físicas, culturales, de socialización, han de guiar la oferta deportiva. La actividad física, tiene funciones que pueden constituirse en fuente de mejora de calidad de vida; la socialización que propicia el compartir algún tipo de juego o deporte, la de liberar tensiones o la de mantener la salud serán las cuestiones a tener en cuenta a la hora de planificar las actividades. La ciudadanía lo sabe y así lo reclama.

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